El dictamen emitido por Hans Corell, siendo vicepresidente de Naciones Unidas, poco antes de que Marruecos otorgara la citada licencia, decía de forma contundente que: “los contratos que se firman no son en sí mismo ilegales, pero continuar con actividades de exploración y explotación de los recursos naturales sin considerar los intereses y deseos de la población autóctona, se violaría los principios de la legalidad internacional”. Este hecho se está produciendo a la vista de Naciones Unidas sin que, sin embargo, esta organización haga algo por impedirlo. También se está produciendo a la vista de la Unión Europea sin que haga nada por detenerlo. Y no sólo eso, sino que las empresas procedentes de Europa, particularmente de España, se benefician también de otro tipo de recursos, en su mayoría vinculados con la pesca en las costas saharauis.